"Si García Ortiz no dimite, va a ser inevitable que la duda se extienda sobre toda la institución, y ese es un daño que ningún sistema democrático debería permitirse"

El Supremo ha decidido procesar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, algo completamente inédito en nuestra historia.

Esto es un terremoto judicial y político sin precedentes, y precisamente ese siempre ha sido el problema de este caso. Que siempre ha mezclado lo judicial y lo político y al final ha salido mal. Muy mal.

Te recuerdo que todo empieza el 12 de marzo de 2024, cuando un medio digital próximo a Moncloa, publica el expediente de Hacienda sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Una vez conocida esta noticia, hay varias informaciones que se contradicen: Unos aseguran que Hacienda le ha propuesto un acuerdo al novio de Ayuso, y otros que ha sido al revés. Se sale de dudas cuando se filtra un mail en el que se evidencia que el acuerdo lo pidió el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador y por tanto venía a reconocer la acusación.

Este es el quid de la cuestión. Ese mail forma parte de las comunicaciones secretas entre abogado y Fiscalía, una confidencialidad que debería preservarse por ley. Sin embargo, se filtró con una intención política. Y no hay que olvidar el contexto, todo esto ocurre mientras arreciaban las informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez.

Hoy, el juez ve indicios de que toda esta maniobra pudo haber sido dirigida por Álvaro García Ortiz “por indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” según dice el auto.

También propone juzgar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la encargada de reclamar la información que se hizo pública. Además, el juez reprocha al Fiscal General el borrado de los mensajes de móvil en plena investigación y que esto haya sido un obstáculo.

Lo que ha ocurrido da para muchas lecturas, pero es muy grave. En general, un fiscal es el representante del Estado en un proceso judicial y su función no solo es la de acusar. También debe velar porque ese juicio sea justo y se lleve a cabo con todas las garantías. Es una figura clave en la imparcialidad que debería tener la justicia.

En España, el jefe de todos los fiscales es el Fiscal General, que debería ser el más pulcro de todos, y la paradoja inasumible ahora mismo es que esa persona, Álvaro García Ortiz, irá al banquillo acusado precisamente de haber jugado sucio por interés político.

Luego en el juicio puede salir culpable o inocente, pero la sombra de la duda, que ahora ya ha plasmado un juez del Supremo por escrito, es algo que la Fiscalía General no se puede permitir. Por ejemplo, ¿Te imaginas el papelón del fiscal al que le toque este juicio en el que su jefe es el acusado? La situación es inédita porque es muy difícil que se dé una carambola semejante.

Álvaro García Ortiz como ciudadano puede defenderse de una acusación concreta, pero mientras siga en el cargo es también el Fiscal General. Por tanto, si no dimite (que por ahora no piensa en dimitir), va a ser inevitable que la duda se extienda sobre toda la institución, y ese es un daño que ningún sistema democrático debería permitirse.