Varapalo del Supremo a Sánchez: amenaza con sanciones si no se hace cargo de los más de 1000 menores migrantes no acompañados de Canarias

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas para hacerse cargo de los más de mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo, insistiendo así en su llamamiento inicial ante el "claro incumplimiento" del mismo. Además , avisa de que si vuelve a desoír sus órdenes adoptará medidas coercitivas.

Así se ha pronunciado el Supremo tras la vista celebrada el día 29 de mayo, al entender que en ella se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado, al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos.

Todo ello, señala, implica un total desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de "vulnerabilidad y necesidad".

"Son personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad y el Estado no se ha implicado ni en el acceso a garantizar las condiciones de acogida que son de su competencia ni ha adoptado medidas para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes. Un claro incumplimiento tras dos requerimientos", dicen los magistrados en el auto, como informa la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety.

Los magistrados insisten en que, " la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior".

"No han evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos ni han elaborado una relación completa y precisa para evitar dudas al respecto", señalan.  

Por ello, el Alto Tribunal impone con carácter de urgencia ciertas medidas. En un plazo de 30 días, que no se puede prorrogar, tiene que dotar a las oficinas de los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo y, en el plazo de 15 días, se tiene que garantizar el acceso de estos menores al sistema de acogida estatal para solicitantes de asilo. 

Los magistrados piden que se identifique a los responsables del cumplimiento de las medidas de cada ministerio y que den cuenta a la sala cada 15 días. Si no lo hacen, el Supremo les advierte de la opción de medidas coercitivas previstas en la ley.